¿El que contamina paga y repara el daño?

Uno de los errores fundamentales en los que hemos caído es en dejar la política a la clase política, pensando que la legislación, la deliberación, la discusión de diversos marcos normativos y su cabal cumplimiento, son tareas que no corresponden a todos. Es más cómodo, por supuesto; como entes apolíticos –algunos gustan llamarse así–, se limitan a la vida privada: intervienen solamente en sus casas y sus escuelas, por ejemplo. Por alguna razón, comprenden el concepto de democracia representativa como una manera de desentenderse por completo de los asuntos públicos, salvo cada seis y tres años (también hay un problema con cómo se concibe la votación como herramienta democrática, pero eso no me corresponde comentarlo ahora ni en este espacio). Así, ellos mismos se cierran las puertas de lo público, dejándolo a pequeños grupos que se encargan de velar (?) por el interés general.

Uno puede pensar que está bien no involucrarse tanto porque no hace falta conocer sobre quién o cómo va a explotar el petróleo, qué nuevas disposiciones tendrán los códigos de procedimientos penales o qué facultades tendrá la Secretaría de la Función Pública. Vamos: a nuestros bolsillos no entra directamente la renta petrolera; si no delinquimos, ¿para qué preocuparnos por los procedimientos penales?; ¿función pública? ¡Dejémosle la burocracia a los burócratas! Con muchas maromas y saltos mortales argumentativos, esos podrían convertirse en puntos válidos. Sin embargo, ¿qué tan fácil es escaparse de la responsabilidad que tenemos con el medio ambiente, por ejemplo? Me parece irrenunciable esa obligación, independientemente de la clase o las actividades de las personas.

Desafortunadamente, hemos ignorado el primer bien común (el espacio que compartimos; el aire que respiramos) así como hemos ignorado el resto de nuestras responsabilidades de participación política ciudadana. No se trata de si cerramos la llave cuando nos lavamos los dientes o si separamos o no la basura: nos hemos omitido de los debates y la legislación ambiental. Esto genera un vacío que puede ser llenado por cualquier grupo que tome la bandera de la protección del medio, tenga o no tenga idea de los contextos, las necesidades y los fundamentos teóricos. Como ese grupo sería el único que tome la bandera, no hay espacio para debates, intercambio de perspectivas ni aclaraciones. Eso da como resultado legislaciones cojas, descontextualizadas y falsas (en tanto su protección ambiental es un acto nominal y no real) como la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental (LFRA).

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) se apropió de la bandera de la protección del entorno, y se adjudica la elaboración de esta Ley. El partido hace referencia a esta Ley mediante un eslogan muy pegajoso: “el que contamina paga y repara el daño”. El mensaje es claro: ahora hay una penalidad económica y obligación de resarcir el deterioro ambiental antropogénico. Pero, ¿es esto cierto? ¿A qué daños se refieren? Pensemos en la Zona Metropolitana del Valle de México, donde el estrés hídrico por el gigantesco desbalance extracción/recarga de los mantos acuíferos representa un riesgo ambiental, social y económico impresionante. Ahora pensemos en sus cerca de 20 millones de habitantes. Bien, hagamos un ejercicio de cuentas alegres.

Supongamos que: 1) cada persona utiliza 2 veces al día los inodoros, y 2) 50% de los inodoros gasta hasta 14 litros por descarga; el otro 50%, 4 litros. Por supuesto que no es realmente la mitad de la población quienes tienen inodoros de bajo consumo, pero es un ejemplo. Ahora piensen en una cancha de futbol soccer. Pónganle 22 pisos de 2.5 metros cada uno. Bien: ahí cabe toda el agua que acabamos de calcular. Sólo para orines y desechos fecales. Por día. Teniendo las opciones de baños secos o de eficiencia en los inodoros, contaminar esa cantidad de agua representa un daño al ambiente de acuerdo con el artículo 2º, párrafo III de la LFRA, y el artículo 10º lo obliga a reparar los daños y/o a pagar una compensación ambiental. ¿Quién va a pagar por semejante atrocidad? ¿Quién será el responsable de pagar las multas estipuladas o el tratamiento del agua adecuado?

Pensemos ahora en las regiones agrícolas. Parte de las prerrogativas que reciben por parte de las autoridades por concepto de apoyo al campo, consiste en recibir grandes cantidades de costales de fertilizantes. Es bien sabido que el uso excesivo de fertilizantes junto con prácticas de monocultivo (la dominante en el país), termina por erosionar el suelo y dejarlo inservible, sin nutrientes, en un corto periodo de tiempo. Sin embargo, da grandes cantidades de producción en dos o tres años. Esto le conviene al agricultor y le conviene a la dependencia gubernamental… en el muy corto plazo. Eventualmente, empero, el suelo no será productivo ni con una tonelada de fertilizante y habrá que buscar nuevos suelos cultivables. Esta actividad representa un daño indirecto de acuerdo con el artículo 2º, párrafo IV de la LFRA, y el artículo 10º lo obliga a reparar los daños y/o a pagar una compensación ambiental. ¿A quién se le van a contar las hectáreas de selva y bosque taladas para tener más superficie cultivable? ¿Quién se encargará de devolver al estado base al suelo erosionado, como lo estipula el artículo 13º?

Ejemplos así hay muchos. Ahí está el error del PVEM y, por lo tanto, de la LFRA: es complicado y necio aplicar un principio de “el que contamina paga y repara” cuando la contaminación ambiental, la degradación de los ecosistemas y la explotación no sustentable de los recursos es norma y no excepción. Son las mismas instancias gubernamentales las que promueven, defienden y se aprovechan del abuso de los recursos. Si bien no lo hacen en la teoría –a veces sí–, sí sucede en la práctica. Así, la situación se puede visualizar como un ente que crea leyes que protegen el entorno con una mano, pero con la otra promueven su degradación.

Esto es lo que sucede cuando se diseñan y aprueban leyes que aparentan un gran compromiso con lo público, pero no tienen ni diagnósticos ni soluciones adecuadas. Faltó integrar al debate para la creación de la Ley más contexto, más diagnósticos, otras perspectivas. Adaptar a nuestra realidad las medidas que en otro lugar han funcionado, no solamente adoptarlas. No quiero ser malentendido: claro que hacen falta incentivos para reducir las tasas de deterioro ambiental. Por supuesto que se requieren medidas fuertes para evitar que la explotación de recursos naturales derive en desastres ecosistémicos, pero para ello hay que darse cuenta primero que la legislación actual está incompleta; que carece de los mecanismos adecuados para garantizar el uso sustentable de los recursos y minimizar los riesgos que corren los ecosistemas. Ya sabemos que para llegar a ese escenario se necesita una visión amplia y pluralidad de voces; integrar y debatir. Ahí es donde debemos entrar nosotros. Sin ello, no se puede hablar de desarrollo sustentable en nuestro país.

David Lameiras

Estudiante de Ingeniería en Desarrollo Sustentable. Ciclista. Le interesa la movilidad urbana sustentable y la agricultura urbana. Come pizza y bebe cerveza.

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