Política pública y desarrollo sustentable

Una vez iniciado en el tema del desarrollo sustentable, ya sea como un campo de estudio, de trabajo o de interés, se vuelve evidente que éste será para todos o no será. Un ejercicio que lo ejemplifica: imaginemos que en México cada vez más personas deciden comprar páneles fotovoltaicos para proveerse de energía eléctrica. En el mismo sentido, el gobierno decide gravar de manera más importante el consumo de energía que provenga de fuentes no renovables. Un buen escenario podría ser la primer impresión, pero habría que profundizar un poco más para hacer una evaluación adecuada.

En primer lugar, hace falta tomar en cuenta la gran brecha de desigualdad que existe en nuestro país. Esta no es una suposición: según el Banco Mundial, el Producto Interno Bruto per cápita en México ha crecido ininterrumpidamente desde el 2009, pero, de acuerdo al CONEVAL, también ha crecido la población cuyos ingresos no son suficientes para adquirir la canasta alimentaria. Del mismo modo, como concluye Luis Munguía, la productividad en diversos sectores crece mientras los salarios de los trabajadores se mantienen. Lo que estos tres hechos indican es que se produce más, pero no todos ganan más. De hecho, son los que menos ingresos tienen (trabajadores, no empresarios) los que se quedan estancados. Así, México crece pero de manera desigual.

Considerado lo anterior, es difícil suponer que son los de los estratos socioeconómicos medios y bajos quienes están haciendo fuertes inversiones para volverse autosuficientes. De igual manera, tampoco es de esperarse que cuenten con electrodomésticos (desde focos hasta refrigeradores) de última generación que funcionen de manera más eficiente. Ellos son, entonces, quienes tienen que seguir pagando las mismas cuentas de consumo eléctrico, pero ahora también tendrán que pagar impuestos más altos por su nula contribución a un futuro sustentable. El gobierno, en un burdo intento por hacer pagar a un precio justo las externalidades negativas del consumo eléctrico, empobrece sistemáticamente a quienes no pueden darse el lujo de volverse más eficientes.

Así, salta a la vista, por si no era lo suficientemente claro, la premisa inicial: la sustentabilidad será inclusiva o no será. Al no permitir que todos participen y se vean beneficiados por los cambios en la producción y el consumo, habrá siempre una parte que esté rezagada social y económicamente respecto a los otros. Los daños ambientales seguirán existiendo, y los esfuerzos por tender a la sustentabilidad se quedarán como acciones verdes que sirven como careta: el fondo se mantendrá igual. Si bien es importante que quienes tengan el poder adquisitivo suficiente comiencen a considerar modificar sus métodos de obtención de energía, estos cambios son pequeños y, a la larga, insuficientes.

¿Cómo entonces se logra la inclusión? En el ejemplo que se dio al principio, se elaboró la idea de un gobierno sensato que mediante una política pública fiscal, pretendió mejorar las condiciones ambientales. La ejecución de la idea no fue óptima, pero eso no debe de frenarnos en otras ocasiones: se debe buscar que el gobierno incida en las esferas social, ambiental y económica. Las medidas que pretendan lograr un desarrollo sustentable no pueden mantenerse sólo de los esfuerzos de la iniciativa privada, pues no es solamente su campo ni tiene la capacidad para hacerlo sólo por su cuenta. Desde y para las instituciones educativas, de desarrollo social, de trabajo, de energía y de recursos naturales, por ejemplo, deben diseñarse políticas públicas que den seguridad a todos, incluso a las generaciones próximas.

Los programas de educación ambiental en las escuelas primarias están enfocados a eso. Mediante ejemplos prácticos, contenido teórico y actividades dentro y fuera del salón, se pretende fomentar hábitos de conservación ambiental. Sin embargo, una política pública que no va más allá de dar contenido homogeneizado a todo el país, no puede esperar resultados favorables. En el caso de la educación ambiental, en la información que se distribuye en las escuelas existe poca o nula contextualización (realización de actividades para zonas urbanas con niños del campo, por ejemplo). No existen mecanismos de evaluación dirigidos a alumnos y profesores para verificar cuáles han sido los avances en los temas que se han visto, ni hay guías que formen y actualicen a los encargados de estas asignaturas en las escuelas. Una política pública que no tiene pies ni cabeza, sino que más bien parecería sólo la idea inicial, es justamente el tipo de acciones que no se deben tolerar más.

Porque la implementación de programas y las legislaciones relacionadas no hayan funcionado anteriormente, no significa que se deba alejar al gobierno de esta importantísima tarea. Al contrario: lo que debe de hacerse es contribuir con ese sector para producir más propuestas, vigilar su ejecución y cuantificar los resultados; comparar, analizar y volver con más ideas. En un país tan desigual como México, pero a su vez con tanto potencial –para el aprovechamiento de fuentes renovables de producción de energía, o de conservación de biodiversidad, por mencionar un par de ejemplos–, lo menos beneficioso sería que no hubiera un cambio en estas prácticas del gobierno. Si éste sigue desapareciendo y haciéndose cada vez más débil, como ocurre en el presente, omitiendo su rol como agente redistributivo, no podrá hablarse jamás de un desarrollo sustentable en nuestro país.

David Lameiras

Estudiante de Ingeniería en Desarrollo Sustentable. Ciclista. Le interesa la movilidad urbana sustentable y la agricultura urbana. Come pizza y bebe cerveza.

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